Pocas personas que sigan más o menos asiduamente la actualidad desconocerán quién es la juez Mercedes Alaya. Las cuatro macrocausas (caso Betis, la venta de suelo y delito societario de Mercasevilla y el caso de los Ere de Andalucía) que tiene encima de la mesa son lo suficientemente grandes e importantes como para que haya gente que no quiera verla ni en pintura y también para que sea una misma persona las que las lleve hacia adelante. La magistrada ha desechado a los jueces de refuerzo, Rogelio Reyes y Ana Curra, que el TSJA les ofreció.

La juez tiene y tendrá aduladores y detractores, dado que está yendo hasta el fondo de esas causas que esconden delitos o acusaciones muy graves tanto desde el punto de vista penal como político. Unos dicen y no les falta razón que sus formas de actuar exceden de lo reglamentario (detener a unos de los imputados delante de sus hijos por ejemplo) o no imputar a José Antonio Viera para no perder el caso, mientras que hay otros que la tienen en un altar porque es la única, a día de hoy, que puede hacer tambalear al gobierno de Griñán.

En cuanto al tema de los EREs la cosa se encrespa aún más, dado que la pasada semana el Tribunal Supremo advirtió a la juez que no se pude dilatar tanto en el tiempo esta causa ni ninguna de las anteriores (hay imputados que llevan tres años esperando para ser citados a declarar), pero por otro lado el Tribunal parece que ha sobrepasado unos límites judiciales impropios del estamento, el principio de soberanía e independencía, decir como dijo Gonzalo Moliner que “si se siguen demorando, tomaríamos medidas que podrían llevar a la apertura de un expediente disciplinario” es una coacción a la juez, dado que el mismo presidente, que también los es del CGPJ, dijo poco después “de momento, ni se nos ha ocurrido abrir un expediente porque buscamos solucionar el problema y no crear otro”. ¿Si no hay ninguna conducta merecedora de tal castigo por qué se pronuncia así el señor Moliner?

Las tres asociaciones más importante de jueces se han puesto de parte de la juez y han expresado con rotundidad el poco tino de esas manifestaciones. Esta ya es la tercera vez que tanto el Tribunal supremo de Andalucía como el del Estado presionan a la juez Alaya para que aligere la causa. Si a esto le sumamos las presiones que la magistrada lleva recibiendo, desde hace años, por parte del PSOE andaluz, incluyendo amenazas e intromisión en su vida privada nos encontramos ante un laberinto con diversas salidas en las que todos están trazando su estrategia para saber por que camino coger.

La única salida válida es la de la verdad, la responsabilidad y la justicia y, o muchos más obstáculos le ponen a la juez para que no pueda alcanzar la ansiada puerta del laberinto, o la mujer tarde o temprano terminará destapando definitivamente toda la maraña de mafiosos, enchufados, comisionistas y testaferros que infestan la Junta de Andalucía y su periferia.

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